Causa Vialidad: La Justicia confirmó que Cristina Kirchner no pagará $22.300 millones

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó la apelación presentada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y ratificó la caducidad de la demanda civil que reclamaba $22.300 millones a Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados por la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz.

El argumento de la defensa de Cristina Kirchner

La defensa de la exmandataria sostuvo que la DNV abandonó el expediente durante más de seis meses, entre el 18 de marzo de 2023 y el 7 de abril de 2025, descontando ferias judiciales y una suspensión previa. Ese plazo habilitó el pedido de caducidad, que fue aceptado en primera instancia por el juez Marcelo Bruno dos Santos.

Lee también: Rucci anuncia acuerdos históricos: zona al 85% y seguro laboral de 5 años para petroleros

Los jueces que confirmaron la caducidad

Los camaristas Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi integraron la mayoría que confirmó el fallo. En un dictamen de 11 páginas, remarcaron que la última acción válida que impulsó el proceso ocurrió el 17 de marzo de 2023 y que los escritos posteriores de la DNV, como los presentados el 21 y 29 de septiembre de 2023 y el 25 de febrero de 2025, no tuvieron efecto porque se produjeron con el expediente paralizado.

La posición de la jueza en disidencia

La jueza Florencia Nallar votó en contra y advirtió que declarar la caducidad es una medida “extrema” que debe aplicarse con cautela. Según su postura, algunas acciones de la DNV durante el período de suspensión, como contestar la absolución de Carlos Kirchner, no debieron ser descartadas automáticamente.

Además, Nallar consideró que, tras la reanudación del expediente en marzo de 2025, era responsabilidad del Juzgado impulsar el proceso, y no únicamente del organismo demandante.

Lee también: Neuquén ya tiene su propia calculadora interactiva de IPC

Un proceso paralelo al decomiso millonario

La acción civil caduca no afecta al proceso de decomiso que tramita en el Tribunal Oral Federal N° 2, que busca recuperar $684.000 millones en concepto de perjuicios ocasionados al Estado por las irregularidades en la adjudicación de obras a Lázaro Báez.