La IGJ investigará los movimientos contables y financieros de la AFA y la Superliga
El Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), inició una investigación sobre los movimientos contables y financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Superliga de Fútbol Argentino, con el objetivo de analizar gastos e inversiones que superarían los US$111.000.000 y US$340.000.000, respectivamente.
Según se informó oficialmente, el organismo requerirá documentación respaldatoria vinculada a operaciones que estarían relacionadas con actividades no previstas en los estatutos sociales de ambas entidades. En ese marco, la IGJ intimará a las instituciones a brindar explicaciones detalladas sobre las cifras incluidas en sus estados contables y financieros.
Desde la cartera judicial remarcaron que la AFA, en su carácter de asociación civil sin fines de lucro, debe cumplir con los mismos requisitos que cualquier otra persona jurídica registrada. “Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios”, expresaron en el comunicado oficial, al tiempo que reafirmaron el compromiso con la igualdad ante la ley y la transparencia institucional.
El Ministerio de Justicia advirtió además que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro de los plazos establecidos podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos.
La decisión se conoce en medio del avance de la causa judicial vinculada a Sur Finanzas, donde se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero a través de préstamos y contratos con clubes del fútbol argentino. En los allanamientos realizados, la Justicia secuestró documentación que involucra a la AFA, la Superliga y a diversos clubes de Primera División y del ascenso.
Las autoridades judiciales buscan determinar si existieron irregularidades en la administración de fondos y si las operaciones detectadas se ajustan a la normativa vigente. Mientras tanto, la IGJ continuará con el proceso de control y fiscalización para establecer eventuales responsabilidades.
