Chubut echó a un funcionario que trasladaba corderos faenados en una camioneta oficial
Un escándalo sacudió al gobierno de Chubut en la antesala de la Navidad. El gobernador Ignacio Torres decidió despedir al director de Asuntos Municipales, Ventura Antonio Martínez, luego de que fuera detenido mientras circulaba en una camioneta oficial que transportaba más de 20 corderos faenados de manera ilegal.
El episodio ocurrió el pasado lunes 22 de diciembre, sobre la Ruta Provincial N°25, en cercanías de la localidad de Dolavon, y derivó en una denuncia judicial y en el secuestro del vehículo oficial perteneciente al Ministerio de Gobierno y Justicia.
Fuga, persecución y detención
Según informaron medios locales, todo comenzó cuando efectivos policiales advirtieron maniobras sospechosas de una camioneta Renault Alaskan oficial que circulaba con bolsones y bidones blancos en la caja. Al intentar detenerla para un control de rutina, el conductor no acató la orden y se dio a la fuga, iniciando una persecución de aproximadamente 19 kilómetros.
Finalmente, el vehículo fue interceptado y los agentes constataron que en la caja se transportaban corderos faenados con manchas de sangre, sin documentación ni habilitación sanitaria correspondiente.
Al descender del rodado, Martínez habría manifestado a los policías: “Llevo chivitos para tus jefes, el ministro… fueron comprados por ellos”, una frase que quedó registrada en el acta policial y generó aún más polémica.
Investigación judicial y despido
Tras el procedimiento, los fiscales Verónica Van Vliet y Mauro Quinteros ordenaron la detención del funcionario por el delito de desobediencia y dispusieron el secuestro del vehículo, que quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Trelew.
Ante la gravedad de los hechos, el gobernador Ignacio Torres resolvió dejar sin efecto la designación de Martínez. Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la conducta del exfuncionario resulta “incompatible con las responsabilidades de la función pública”.
Además, el gobierno de Chubut avanzó con una denuncia formal ante la Justicia para que se investiguen las eventuales responsabilidades penales derivadas del hecho.
El caso generó fuerte repercusión política en la provincia y reavivó el debate sobre el uso indebido de recursos del Estado y la conducta de los funcionarios públicos.
