La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la ley de amnistía para presos políticos
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves 19 de febrero la ley de amnistía para presos políticos, en una votación en segunda discusión tras varias jornadas de debate en el parlamento, controlado por el oficialismo.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder a principios de año. El proyecto ha generado desacuerdos entre sectores políticos y organizaciones de derechos humanos sobre si beneficiará también a activistas y opositores en el exilio, debido a cláusulas que podrían limitar su aplicación.
El debate legislativo de la semana pasada fue suspendido por falta de acuerdo en torno a un artículo que podría excluir a opositores exiliados de la amnistía. Aun así, tras dos horas de sesión este jueves, la ley fue aprobada en el segundo tramo requerido para su sanción.
Según datos del grupo no gubernamental Foro Penal, en Venezuela permanecen encarceladas más de 600 personas por motivos políticos, aunque ese número ha disminuido recientemente tras liberaciones parciales anunciadas por el gobierno. Hasta el momento se han confirmado al menos 383 excarcelaciones, pero organizaciones civiles consideran que el ritmo es lento y reclaman la liberación de todos los detenidos.
La aprobación de la ley marca un paso significativo en un país donde las detenciones por razones políticas han sido objeto de denuncias internacionales, y llega en un contexto de presión de familiares de detenidos, algunos de los cuales realizaron huelgas de hambre en Caracas exigiendo la libertad de sus seres queridos antes de la votación parlamentaria.
La norma ahora deberá ser promulgada por la presidenta encargada para entrar en vigor, quedando pendiente su aplicación efectiva a quienes califiquen bajo los términos establecidos en la ley.
Contexto internacional y derechos humanos
Organizaciones como Human Rights Watch han señalado que, pese a los avances, la amnistía por sí sola no aborda las reformas estructurales necesarias para garantizar libertades fundamentales en Venezuela, y la liberación de presos políticos debería ir acompañada de medidas más amplias de justicia y derechos civiles.
El proceso de amnistía se da en un contexto político complejo tras años de tensiones internas y reclamos de grupos civiles, con una cifra significativa de detenidos por razones políticas que aún permanecen bajo custodia mientras se negocia la implementación de la nueva ley.