Causa contra directivos de Comarsa
Amplían por dos meses y medio el plazo en la causa por contaminación y defraudación
La decisión fue adoptada por el juez de garantías Juan Manuel Kees durante una audiencia en la Ciudad Judicial, luego de que la defensa solicitara una prórroga de tres meses.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella, representada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, no se opusieron al pedido.
El magistrado resolvió fijar un plazo intermedio de dos meses y medio. De este modo, si el vencimiento original estaba previsto para el 3 de marzo, el nuevo término se extenderá hasta el 18 de mayo. Cumplido ese plazo, se deberá fijar la audiencia de control de acusación.
La acusación
El pedido de ampliación se produjo tras la presentación del requerimiento de apertura a juicio por parte del fiscal jefe Maximiliano Luis Breide Obeid, de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales.
En el escrito, el MPF formalizó la acusación contra J.M.L., H.E.B. y F.A.P., a quienes se les atribuye el delito de envenenamiento, adulteración o contaminación del suelo, agua, atmósfera o ambiente en general, en concurso ideal con administración fraudulenta.
Según la teoría fiscal, entre 2013 y el 11 de febrero de 2025 los imputados habrían gestionado de manera inadecuada residuos peligrosos provenientes de la industria hidrocarburífera, excediendo límites territoriales y temporales habilitados, y ocupando más de 17 hectáreas de tierras provinciales y municipales.
La investigación sostiene que hacia 2017 la firma mantenía acopiados unos 307.000 metros cúbicos de residuos peligrosos sin tratamiento completo, algunos depositados en sectores sin habilitación ambiental. Pericias químicas y un informe del Cuerpo Médico Forense señalaron la presencia de metales pesados y compuestos volátiles, con riesgo para la salud poblacional.
En el plano económico, el MPF atribuye a uno de los acusados haber ocultado en los balances los costos pendientes de tratamiento de los residuos, lo que habría permitido simular ganancias y distribuir dividendos. El pasivo estimado para la disposición final de los residuos supera los siete millones de dólares.
Para el eventual juicio, la fiscalía ofreció cerca de un centenar de testigos y diversas pruebas técnicas, contables y documentales. Además, solicitó que el debate sea realizado ante un Tribunal con Jurados Populares, al tratarse de una causa criminal con expectativa de pena superior a tres años de prisión.
