La CGT presentó un amparo judicial para frenar la reforma laboral del Gobierno
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un recurso de amparo contra la reforma laboral promulgada por el Gobierno nacional y solicitó a la Justicia que declare su inconstitucionalidad.
La presentación se realizó ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y, tras el sorteo correspondiente, el expediente quedó a cargo del juez Enrique Lavie Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7. El magistrado es el mismo que en 2024 había frenado el decreto de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei.
El recurso fue firmado por el triunvirato que conduce la central obrera, integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, junto a dirigentes de distintos sindicatos que forman parte de la organización.
La acción judicial se presentó luego de la movilización que la CGT realizó días atrás hacia los tribunales de la calle Talcahuano, donde formalizó el pedido para frenar la reforma laboral. “Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, expresó Sola ante la prensa.
En el documento difundido, la central sindical sostuvo que la reforma —a la que calificó como una “mal llamada modernización laboral”— podría implicar un retroceso en derechos laborales conquistados. Según el planteo, la normativa podría vulnerar principios constitucionales como el de progresividad o no regresión en materia de derechos laborales y el principio protector del derecho laboral, que busca equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores.
Además, la CGT advirtió que la reforma podría afectar derechos contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, entre ellos la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical, la libre agremiación y el acceso a la seguridad social.
Entre los aspectos más cuestionados, la central obrera señaló que la nueva normativa habilitaría jornadas laborales de hasta 12 horas, modificaría el esquema de pago de horas extras y permitiría que las indemnizaciones por despido se paguen en cuotas mediante el denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
