Segunda citación judicial para la formulación de cargos al intendente Bertolini: se presenta o será rebeldía
La Justicia fijó para este lunes a las 8:30 la audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contrataciones municipales.
Desde el ámbito judicial recordaron que cualquier persona que está siendo investigada tiene la obligación de comparecer a toda citación que se le realice, particularmente en una audiencia de formulación de cargos.
En ese sentido, se explicó que si el imputado no asiste y no justifica debidamente su inasistencia, la fiscalía puede solicitar la declaración de rebeldía y la captura, lo que implica su detención inmediata para garantizar su comparecencia ante la Justicia.
Por el contrario, si la ausencia se encuentra debidamente justificada, el tribunal deberá analizar los motivos presentados para determinar si corresponde reprogramar la audiencia. En caso contrario, la normativa prevé avanzar con el pedido de rebeldía y captura.
La audiencia prevista para este lunes será clave para definir el avance del proceso judicial y la eventual imputación formal al jefe comunal.
Reprogramacion
Días pasados la justicia resolvió postergar la audiencia de formulación de cargos contra el intendente Luis Bertolini y la subsecretaria de Hacienda Gladys Ramírez, en el marco de una causa por presuntas irregularidades en contrataciones dentro del municipio.
La decisión fue adoptada por la jueza de garantías Carina Álvarez, luego de que el jefe comunal no se presentara a la audiencia prevista y justificara su ausencia mediante un certificado médico. En el mismo proceso, otros imputados realizaron cambios en su defensa técnica, lo que también motivó la reprogramación.
Según lo resuelto, la nueva audiencia se realizará este 27 de abril a las 8:30, con la participación de todos los imputados, con el objetivo de evitar fragmentaciones en el proceso judicial.
La investigación es impulsada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien sostiene que entre enero de 2024 y marzo de 2026 se habría implementado un esquema de direccionamiento de contrataciones dentro del municipio.
De acuerdo con la acusación, el sistema habría favorecido a dos proveedores que resultaron adjudicatarios de la mayoría de los contratos, en procesos que incluyeron ofertas únicas, falta de competencia o desestimaciones de otros oferentes.
En ese período, según la investigación, se habrían otorgado al menos 160 contratos por más de 2.300 millones de pesos. La fiscalía interviniente también está integrada por la fiscal del caso Rocío Rivero y los asistentes letrados Agustina Jara y Facundo Bernat.
