Amenazas desde la cárcel: el triple femicida Pablo Laurta volvió a intimidar a familiares de sus víctimas
El caso de Pablo Laurta suma un nuevo episodio de extrema gravedad. A pesar de estar alojado en una unidad de máxima seguridad, el acusado por el doble femicidio y el crimen de un remisero fue denunciado por enviar mensajes amenazantes a familiares de las víctimas, generando alarma y fuertes cuestionamientos al sistema penitenciario.
Según reveló la abogada querellante Marina Romano, las intimidaciones comenzaron hace aproximadamente una semana y estuvieron dirigidas al entorno de una de las mujeres asesinadas. Los mensajes habrían sido enviados a través de WhatsApp y llamadas telefónicas, lo que sugiere que el detenido tuvo acceso irregular a un celular dentro de la cárcel.
Entre las frases más inquietantes atribuidas a Laurta se encuentran: “Pronto voy a salir, ya saben quién soy” y “Tarde o temprano se sabrá la verdad”. Para la querella, se trata de una situación “macabra” que evidencia una grave falla en los controles dentro del penal.
Ante esta denuncia, la Justicia abrió una investigación paralela para determinar cómo el acusado logró comunicarse desde el encierro y si hubo complicidad o negligencia por parte del personal penitenciario.
Un caso que conmocionó al país
Laurta está imputado por un brutal raid criminal ocurrido en 2025 que incluyó el asesinato de su exesposa, su exsuegra y un remisero. La secuencia de los hechos generó conmoción a nivel nacional por su violencia y planificación.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, el acusado ingresó al país desde Uruguay de manera ilegal, cruzando el río en bote para evitar controles. Luego abordó el vehículo de un remisero, a quien asesinó para robarle el auto y continuar su fuga.
Posteriormente, viajó hasta Córdoba, donde asesinó a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de la joven. Tras los crímenes, intentó borrar rastros incendiando el vehículo y huyó nuevamente hacia Entre Ríos con su hijo, hasta ser capturado días después en la ciudad de Gualeguaychú.
El acusado también enfrenta cargos por tenencia de material de abuso infantil, lo que agrava aún más su situación judicial.
Preocupación por la seguridad
El hecho de que un detenido de alto perfil y bajo régimen de máxima seguridad haya podido emitir amenazas reaviva el debate sobre el control en las cárceles argentinas. Para los familiares de las víctimas, no solo se trata de una revictimización, sino también de un riesgo concreto.
Mientras avanza la investigación, crece la exigencia de medidas más estrictas para evitar que internos accedan a dispositivos de comunicación y continúen ejerciendo violencia desde prisión.
