viernes 15 de mayo de 2026
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Terminó el juicio, cobró sus honorarios y volvió a reclamar más dinero: qué resolvió la Justicia

La Cámara de Apelaciones de Cipolletti rechazó que un abogado vuelva a cobrar honorarios sobre una indemnización ya liquidada. Solo admitió una suma mínima por escritos posteriores al cierre del expediente.
viernes 15 de mayo de 2026

La Cámara de Apelaciones de Cipolletti resolvió que un abogado no podía volver a cobrar honorarios sobre una indemnización ya pagada y cerrada judicialmente. El profesional había solicitado una nueva regulación después de haber percibido sus honorarios y con el expediente archivado, argumentando que realizó tareas vinculadas con inversiones y administración del capital indemnizatorio.

El tribunal rechazó que esas gestiones habilitaran un nuevo cálculo económico y solo reconoció una retribución mínima por algunos escritos posteriores.

Qué pasó en el caso judicial de Cipolletti

El expediente civil por daños y perjuicios había concluido en 2022 mediante un acuerdo conciliatorio homologado por la Cámara de Apelaciones de Cipolletti.

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Tras el cierre del juicio y el cobro de los honorarios regulados, el abogado solicitó el desarchivo de la causa para reclamar una nueva regulación económica.

En su planteo sostuvo que realizó tareas posteriores a la sentencia, entre ellas:

  • Propuestas de inversión
  • Colocaciones bancarias
  • Gestiones vinculadas a vehículos
  • Solicitudes de fondos para manutención
  • Pedidos relacionados con gastos médicos

Según argumentó, esas acciones permitieron conservar o incrementar el valor del capital indemnizatorio de la persona beneficiaria.

La jueza de primera instancia rechazó el pedido al considerar que la labor profesional ya había sido valorada y remunerada durante el proceso principal.

Qué dijo la Cámara sobre los nuevos honorarios

La Cámara confirmó que el acuerdo conciliatorio ya estaba cumplido y que no existía una nueva etapa procesal que justificara otra regulación.

El tribunal sostuvo que:

  • No hubo ejecución forzada
  • No existieron incidentes posteriores
  • No había liquidaciones pendientes
  • El expediente estaba archivado

Además, señaló que los rendimientos financieros del capital indemnizatorio no podían utilizarse como nueva base para calcular honorarios.

El punto clave del fallo judicial

Uno de los aspectos centrales del fallo fue que la Justicia descartó que el abogado pudiera participar de los frutos económicos derivados de inversiones realizadas con el dinero de la indemnización.

Los jueces remarcaron que las medidas adoptadas tenían como finalidad preservar el patrimonio de una persona con capacidad restringida y evitar su desvalorización frente al contexto económico.

También indicaron que el profesional no podía ser considerado una especie de “asociado” en la administración del capital.

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Qué rol tuvo la Defensoría de Menores e Incapaces

La Defensoría respaldó la decisión inicial y pidió rechazar el nuevo reclamo económico.

Además, destacó la situación de vulnerabilidad de la persona beneficiaria y sostuvo que no existía un proceso de ejecución de sentencia que habilitara nuevos honorarios.

De manera subsidiaria, planteó que, si se reconocía alguna tarea posterior, solo debía fijarse el mínimo arancelario.

Por qué la Cámara igualmente reconoció un pago mínimo

Aunque rechazó el planteo principal del abogado, la Cámara entendió que sí existieron algunas presentaciones posteriores firmadas por el profesional.

Por ese motivo, y aplicando el principio de onerosidad del trabajo profesional, admitió una retribución mínima limitada exclusivamente a esas actuaciones puntuales.

El fallo aclaró que esa suma no implicaba reabrir el cálculo sobre la indemnización ni habilitaba nuevos cobros sobre los rendimientos obtenidos.

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Qué puede generar este fallo en Río Negro

La resolución de la Cámara de Cipolletti podría convertirse en un antecedente relevante para casos similares vinculados con honorarios profesionales después del cierre de expedientes judiciales.

El criterio fijado por el tribunal marca límites sobre el alcance de las tareas posteriores a una sentencia y sobre el uso de rendimientos financieros como eventual base de cálculo para nuevas regulaciones.