Fraude millonario en Andacollo: dos comerciantes evitarán el juicio tras pagar $137 millones
Dos comerciantes acusados de cometer maniobras defraudatorias contra el municipio de Andacollo acordaron pagar $137 millones como reparación económica para evitar ir a juicio. La medida fue avalada por el Ministerio Público Fiscal y la querella municipal en el marco de una causa por presunto fraude a la administración pública.
La investigación continuará, sin embargo, para dos exfuncionarios municipales que siguen imputados en el expediente.
Qué acordaron los comerciantes acusados de fraude
La resolución judicial alcanzó a K.C.V. y J.C.V., propietarios de un corralón que proveía materiales y servicios al municipio de Andacollo.
Ambos accedieron a una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP), una herramienta legal que permite resolver causas penales sin llegar a juicio oral cuando se cumplen determinados requisitos.
Como parte del acuerdo, deberán pagar $137 millones en concepto de reparación del daño económico causado al Estado municipal.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, se detectaron 13 hechos de presunta defraudación contra la administración pública.
El perjuicio económico estimado inicialmente alcanzó los $128 millones.
Entre las maniobras investigadas aparecen:
- certificación de “horas fantasma” de maquinaria vial
- disposición irregular de áridos de la cantera municipal
- operaciones coordinadas entre funcionarios y privados
La fiscalía sostuvo que existía una estructura organizada con roles distribuidos para ejecutar las maniobras.
Aunque los comerciantes lograron acceder a una salida alternativa, la causa continuará respecto a dos exfuncionarios municipales.
Se trata de:
- Eduardo Argentino Zenteno, exsecretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes
- Carlos Daniel Leiva, exdirector de Redes
Ambos permanecen imputados y siguen bajo investigación judicial.
Además del pago millonario, los acusados deberán cumplir durante un año una serie de pautas de conducta impuestas por la Justicia.
Entre ellas figuran:
- presentaciones periódicas ante la Dirección de Población Judicializada
- no cometer nuevos delitos
- prohibición de consumir estupefacientes
- no excederse en el consumo de alcohol
- informar cualquier cambio de domicilio
La suspensión del juicio puede ser revocada si incumplen alguna de las condiciones establecidas.
La causa comenzó tras una denuncia impulsada por el intendente de Andacollo, Manuel San Martín.
A partir de allí, el Ministerio Público Fiscal avanzó con una investigación sobre contrataciones y movimientos vinculados a servicios municipales y utilización de recursos públicos.
Los comerciantes habían sido acusados formalmente en noviembre del año pasado por delitos como:
- defraudación reiterada contra la administración pública
- asociación ilícita
- peculado
La Suspensión de Juicio a Prueba, conocida como probation, es una herramienta judicial que permite resolver ciertos procesos penales sin llegar a juicio oral.
Puede aplicarse cuando:
- los imputados no tienen antecedentes penales
- los delitos prevén penas de cumplimiento condicional
- no se trata de funcionarios públicos
Generalmente incluye reparación económica y reglas de conducta supervisadas judicialmente.
El expediente generó fuerte repercusión en Andacollo por el monto millonario investigado y por la presunta participación de funcionarios municipales.
Además, la reparación acordada supera incluso el perjuicio económico inicialmente calculado por la fiscalía, algo que fue valorado tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la querella municipal.
