Investigan un acceso indebido a datos reservados del Gobierno de Río Negro

El Gobierno de Río Negro presentó una denuncia ante la Justicia provincial tras detectar un presunto acceso indebido a documentación reservada alojada en los sistemas informáticos de la administración pública. La investigación apunta a determinar cómo se produjo la extracción de información sensible, entre ella datos vinculados a recibos de sueldo de integrantes del Poder Ejecutivo.

Según informó oficialmente la Provincia, la denuncia fue impulsada por la Fiscalía de Estado luego de que se identificara una posible vulneración de información de carácter reservado. Entre los datos a los que se habría accedido figuran recibos salariales de funcionarios del Ejecutivo, incluido el gobernador Alberto Weretilneck.

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El origen de la investigación

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, la investigación comenzó tras detectar movimientos irregulares vinculados al acceso a documentación interna. A partir de allí se inició un proceso de análisis para establecer el origen de la filtración y determinar las responsabilidades correspondientes.

En ese contexto, se solicitó la colaboración técnica de la empresa ALTEC, responsable de brindar servicios tecnológicos vinculados a la infraestructura informática estatal. Desde el Ejecutivo aclararon que las actuaciones realizadas en dependencias de la firma no estuvieron dirigidas contra la empresa, sino que formaron parte de una medida judicial derivada de la denuncia presentada por la propia Provincia.

Durante las tareas de investigación se logró identificar el equipo informático desde el cual se habría producido el acceso indebido a la documentación. Ese dispositivo fue preservado por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para la realización de peritajes técnicos.

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El rol de ALTEC y la intervención judicial

Desde el Gobierno remarcaron que ALTEC actuó exclusivamente como colaboradora técnica en el marco de la investigación y a requerimiento de las autoridades provinciales. La empresa intervino en la identificación y resguardo del equipamiento que ahora forma parte de la causa judicial.

Una vez establecido el posible origen de la filtración, la situación fue formalmente denunciada ante la Justicia provincial, que quedó a cargo de avanzar con las medidas procesales y los análisis periciales necesarios para determinar el alcance del hecho.

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Por el momento no se difundieron detalles sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre el resultado preliminar de los peritajes. La investigación continúa bajo la órbita judicial mientras se busca establecer si existieron responsabilidades individuales y cuál fue el volumen de información comprometida.

Desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que todas las actuaciones se desarrollaron dentro del marco legal vigente y reafirmaron su compromiso con la protección de la información pública y la transparencia institucional. El avance de la causa permitirá determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el presunto acceso indebido a los sistemas del Estado.