Espert se negó a declarar por la causa de lavado y presentó documentos para respaldar su defensa

El exdiputado nacional José Luis Espert se negó a declarar este martes ante la Justicia en la causa en la que está imputado por presunto lavado de activos y presentó un escrito acompañado de documentación que considera clave para su defensa. Además, adelantó que brindará declaración en una etapa posterior del proceso.

La investigación analiza una transferencia de US$200.000 que Espert recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos y que, según la acusación, provino de una empresa vinculada al empresario Federico "Fred" Machado.

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Durante la audiencia ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, la defensa del economista decidió no responder preguntas y fundamentó su postura en la necesidad de resguardar las garantías del debido proceso.

En el escrito presentado, los abogados sostuvieron que Espert "no ha cometido delito alguno" y afirmaron que el dinero investigado corresponde a una contratación profesional "real, documentada y anterior a los hechos" que hoy son objeto de la causa.

La defensa aportó correos electrónicos

Como parte de la estrategia defensiva, Espert presentó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019 que, según sus abogados, demuestran la existencia, negociación y ejecución de un contrato de prestación de servicios con la empresa minera Minas del Pueblo S.A., de Guatemala.

La defensa aseguró que esos mensajes fueron respaldados mediante certificaciones notariales, pericias informáticas y mecanismos de verificación técnica. También solicitó que sean citados como testigos quienes participaron de esos intercambios.

Cuestionamientos a la investigación

Los abogados también pidieron que el juez Mirabelli retome el control directo de la investigación, actualmente delegada en el Ministerio Público Fiscal.

Según plantearon, el expediente actual se basa en hechos que ya eran analizados en otra causa iniciada en 2021, por lo que advirtieron sobre el riesgo de una duplicidad de investigaciones.

Además, cuestionaron el alcance de las medidas de prueba impulsadas por la Fiscalía, al considerar que durante varios años se recopilaron comunicaciones telefónicas, datos de geolocalización y movimientos patrimoniales de personas que, aseguran, no forman parte del expediente.

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Denuncian filtraciones

Otro de los planteos realizados por la defensa apunta a presuntas filtraciones de información bajo secreto de sumario.

Según el escrito, durante la investigación se publicaron numerosas noticias con información reservada del expediente, situación que atribuyen a quienes tenían la obligación de preservar la confidencialidad de las actuaciones judiciales.

Finalmente, la defensa reiteró que no pretende frenar la investigación, sino que solicita que continúe bajo la conducción directa del juez y con producción de nuevas pruebas que, según sostienen, permitirán demostrar la legalidad de la transferencia investigada.