Una jueza de Río Grande ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

La Justicia Federal de Río Grande ordenó este miércoles 16 de septiembre suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La jueza Mariel Borruto dispuso que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar las obras vinculadas con el emprendimiento.

La medida cautelar fue dictada en el marco de una acción preventiva por posible daño ambiental y soberano presentada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

La resolución alcanza a las perforaciones del lecho y subsuelo marino destinadas al desarrollo o explotación de hidrocarburos, la instalación de infraestructura submarina, conductos y sistemas de conducción, estructuras de fondeo y unidades flotantes. También incluye el inicio de la extracción comercial y las obras terrestres y portuarias necesarias para esas actividades.

La suspensión quedará vinculada a una evaluación ambiental

Borruto estableció que la medida se mantendrá hasta que la autoridad ambiental nacional competente tramite y resuelva el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la Ley General del Ambiente 25.675, o hasta que el propio juzgado disponga lo contrario.

Uno de los elementos considerados por la magistrada fue un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente que indicó que, hasta el 24 de febrero de 2026, no se había iniciado ante las autoridades argentinas un aviso de proyecto ni un procedimiento de evaluación de impacto ambiental con las empresas involucradas.

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La jueza sostuvo que esa ausencia resulta relevante frente a las exigencias de la Ley 25.675 para actividades que puedan afectar de manera significativa el ambiente. En la resolución también señaló que, aunque las compañías estén constituidas en el extranjero, el emprendimiento se proyecta sobre la plataforma continental argentina y los espacios marítimos vinculados con las Islas Malvinas, según el criterio adoptado por el juzgado.

Qué deberán informar Rockhopper y Navitas

Además de ordenar la suspensión, Borruto intimó a las empresas a presentar, dentro de diez días y bajo declaración jurada, información sobre el estado actual del proyecto.

Deberán detallar el cronograma de construcción y perforación, la cantidad y ubicación de los pozos previstos, las unidades flotantes y de perforación contratadas, y la nómina de contratistas y subcontratistas. También tendrán que informar sobre la estructura societaria, entidades financieras y aseguradoras involucradas, desembolsos realizados y pendientes, estudios ambientales y evaluaciones de riesgo de derrames.

La Justicia ordenó además preservar toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa relacionada con Sea Lion.

En cuanto a los aspectos financieros, la resolución no dispuso por ahora una prohibición general de nuevos contratos de financiación, desembolsos, pagos, transferencias o aportes de capital. La jueza dejó ese planteo pendiente hasta contar con la identificación concreta de los sujetos, operaciones y bienes involucrados.

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También solicitó informes a la Subsecretaría de Ambiente, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los antecedentes ambientales, autorizaciones, habilitaciones y actuaciones administrativas vinculadas con el proyecto y las empresas demandadas.

La decisión tiene carácter cautelar y la propia magistrada aclaró que no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de Rockhopper y Navitas ni sobre el fondo de la controversia.