La Justicia suspendió las multas al Gobierno por el incumplimiento del Financiamiento Universitario
La Justicia suspendió de manera provisoria las multas diarias de $100.000 que se habían impuesto al Gobierno nacional por el presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, tras un planteo del Ministerio de Capital Humano contra la intimación judicial que alcanzaba al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La resolución habilitó la revisión de una decisión de primera instancia que exigía al Ejecutivo cumplir con la medida cautelar vigente. Sin embargo, los camaristas aclararon que la medida no supone determinar que el Gobierno haya cumplido con sus obligaciones legales.
El conflicto se centra en la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, además de cuestiones vinculadas con el financiamiento de las becas estudiantiles.
Por qué el Gobierno cuestionó las multas
El 22 de septiembre, el juez Martín Cormick había intimado al Ministerio de Capital Humano a cumplir con la medida cautelar, al considerar que todavía no se había acreditado un acatamiento total. Frente a esa decisión, el Gobierno presentó una queja para cuestionar la sanción económica.
La cartera nacional sostuvo que la intimación no precisaba con suficiente claridad cuáles eran las obligaciones pendientes ni qué medidas concretas debía adoptar para evitar las multas. También argumentó que la falta de determinación del supuesto incumplimiento afectaba el derecho de defensa del Estado.
En su presentación, el Gobierno defendió los aumentos salariales aplicados y afirmó que había dispuesto una actualización del 21,33% sobre los haberes vigentes a mayo de 2026. Según sus cálculos, el incremento acumulado entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 alcanzó el 226,80%, por encima del 226,40% que atribuyó a la inflación durante ese período.
Además, planteó que los aumentos posteriores debían discutirse en las negociaciones paritarias y cuestionó el alcance de las obligaciones vinculadas con las becas. En ese punto, sostuvo que los programas Progresar y las becas de enfermería corresponden a esquemas diferentes de los contemplados en la legislación.
Qué resolvió la Cámara Federal
Los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán hicieron lugar al recurso de queja presentado por el Estado nacional y habilitaron la apelación contra la intimación del 22 de septiembre.
Para fundamentar la decisión, consideraron que el rechazo de la apelación podía ocasionarle al Gobierno un perjuicio de imposible reparación ulterior.
No obstante, los magistrados aclararon que la resolución no adelanta una conclusión sobre el cumplimiento de la medida cautelar. Es decir, la Cámara no determinó que el Ejecutivo haya satisfecho las obligaciones previstas en la Ley de Financiamiento Universitario.
De esta manera, quedó suspendida provisoriamente la aplicación de las multas mientras continúa la discusión judicial. La controversia sobre el alcance de las obligaciones del Gobierno y el eventual incumplimiento de la normativa sigue abierta.
Qué pasa con el financiamiento de las universidades
La decisión judicial no resuelve el fondo del conflicto por el financiamiento universitario. La medida cautelar que exige aplicar la ley continúa siendo el eje de la disputa, mientras el Gobierno cuestiona la forma en que se determinaron las obligaciones pendientes.
El reclamo universitario incluye la actualización de los salarios de docentes y no docentes, así como los recursos destinados a las becas estudiantiles. La suspensión provisoria de las sanciones modifica, por ahora, la situación de las multas, pero no constituye una decisión definitiva sobre el cumplimiento de la ley.
