martes 3 de noviembre de 2026
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Cruce en redes

Fuerte cruce entre Mariano Mansilla y Nadia Márquez por un colegio público de gestión privada

El abogado cuestionó que las familias deban concurrir a un templo evangélico para renovar la matrícula de sus hijos en un establecimiento cuya masa salarial es financiada íntegramente por el Estado provincial. La senadora defendió la elección de las familias y respondió con críticas al dirigente.
martes 03 de noviembre de 2026

Un fuerte intercambio en redes sociales enfrentó al abogado Mariano Mansilla y a la senadora nacional Nadia Márquez por la situación de un colegio público de gestión privada de Neuquén, donde, según la denuncia del letrado, se exigiría a las familias concurrir a un templo evangélico como condición para renovar la matrícula de sus hijos.

Mansilla cuestionó el requisito y planteó que la educación pública en Neuquén debe ser laica. También puso el foco en el financiamiento estatal del establecimiento, al señalar que el Gobierno provincial afronta la totalidad de la masa salarial de sus trabajadores.

La controversia llegó a las redes sociales, donde Márquez respondió a las críticas y sostuvo que cada familia conoce los valores que se transmiten a sus hijos y tiene la posibilidad de elegir si el establecimiento es adecuado para ellos.

La legisladora también lanzó cuestionamientos personales contra Mansilla y lo vinculó con su intervención en conflictos relacionados con comunidades mapuches y familias damnificadas por la cooperativa 127 Hectáreas.

En su respuesta, el abogado volvió a cuestionar la exigencia religiosa para la reinscripción de los alumnos y sostuvo que no se ajustaría al principio constitucional de educación laica.

Además, le reclamó a Márquez que, en su condición de senadora nacional, gestione ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) la intervención de la cooperativa 127 Hectáreas. Como argumento, mencionó que sus integrantes fueron imputados por 47 hechos de estafa.

El intercambio abrió una controversia sobre los límites entre el ideario religioso de las instituciones educativas de gestión privada, el derecho de las familias y las condiciones que deben cumplir los establecimientos que reciben financiamiento del Estado.