Proponen un régimen de retiro voluntario para trabajadores y magistrados judiciales
Un proyecto de ley ingresó a la Legislatura provincial con el objetivo de implementar un régimen especial y permanente de retiro voluntario para trabajadores, funcionarios y magistrados del Poder Judicial. La iniciativa fue presentada por el abogado Víctor Eduardo Piccoli y establece como requisito principal contar con al menos 20 años de antigüedad en el servicio.
La propuesta busca ofrecer una alternativa para quienes deseen finalizar anticipadamente su actividad dentro de la estructura judicial, mediante un esquema que contemple una prestación económica mensual y móvil, además de la continuidad de la cobertura previsional y asistencial.
Según los fundamentos del proyecto, la creación de este mecanismo permitiría reorganizar las estructuras de personal, revisar la distribución de funciones y optimizar el uso de los recursos públicos. La iniciativa plantea que el proceso se desarrolle de manera voluntaria y sin vulnerar los derechos laborales ni las garantías de los trabajadores alcanzados.
Quiénes podrían acceder al retiro voluntario
El régimen propuesto contempla a agentes, funcionarios y magistrados de la Justicia provincial que acrediten un mínimo de 20 años de servicios.
Entre las condiciones previstas figura el pago de una prestación económica mensual, cuyo monto tendría carácter móvil. También se plantea garantizar la continuidad de los beneficios previsionales y asistenciales para quienes adhieran al sistema.
Otro de los puntos incluidos es la posibilidad de que los beneficiarios puedan continuar desarrollando actividades profesionales una vez finalizadas sus funciones dentro del Poder Judicial. De esta manera, la propuesta reconoce expresamente la libertad laboral posterior al cese.
El impacto económico deberá analizarse en la Legislatura
Los fundamentos sostienen que un régimen de estas características podría contribuir a modernizar la organización interna de la Justicia y facilitar una redistribución de los recursos humanos.
Sin embargo, el proyecto también establece que el impacto presupuestario y previsional deberá ser evaluado durante el tratamiento parlamentario, con estudios técnicos que permitan determinar su alcance y sostenibilidad financiera.
La iniciativa pone el foco en la adhesión voluntaria, la aplicación de requisitos objetivos y la previsibilidad de las prestaciones, con el propósito de evitar decisiones arbitrarias.
Por el momento, se trata de una propuesta legislativa que deberá atravesar el debate correspondiente antes de convertirse en ley. Su eventual aprobación abriría la posibilidad de implementar un mecanismo de salida anticipada para integrantes del Poder Judicial, con condiciones económicas y previsionales específicas.