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Compró un colectivo que llevaba meses secuestrado, reclamó por los daños y la Justicia rechazó la demanda

Un hombre compró un colectivo retenido por la Municipalidad de Viedma y reclamó una indemnización por faltantes y roturas, pero no pudo probar cuándo ocurrieron.
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La Justicia de Viedma rechazó la demanda de un hombre que reclamó una indemnización a la Municipalidad por los daños y faltantes que encontró en un colectivo que había comprado mientras permanecía secuestrado. El vehículo había estado bajo custodia municipal durante más de un año y medio, pero el propietario no logró demostrar que los deterioros se hubieran producido durante el período en que estuvo a cargo del municipio.

El caso se originó en noviembre de 2018, cuando personal de Tránsito secuestró el colectivo mientras circulaba por el bulevar Héroes de Malvinas. Durante un control, los agentes constataron que el conductor no tenía el seguro obligatorio ni la habilitación correspondiente para manejar ese tipo de vehículo.

Por esas infracciones, el rodado fue retenido y trasladado a la Base 86 del Cuerpo de Seguridad Vial, ubicada en la zona del puente ferrocarretero. Allí permaneció durante un período prolongado.

Compró el colectivo mientras seguía secuestrado

En junio de 2020, un hombre interesado en adquirirlo solicitó autorización para realizar la verificación policial necesaria para concretar la transferencia. El trámite se completó el 1 de julio, cuando quedó registrado como nuevo propietario.

La Municipalidad formalizó la restitución del vehículo el 27 de julio de ese año. Dos días después, el comprador presentó un reclamo ante la Agencia Local de Seguridad Vial en el que denunció que el colectivo tenía numerosos daños y que le faltaban componentes esenciales.

Según detalló, no estaban las computadoras del motor y de la transmisión, las baterías ni distintos elementos del sistema de frenos. También señaló roturas en el parabrisas, la carrocería y las luces reglamentarias.

En diciembre de 2020, una escribana constató el estado del rodado. El propietario también presentó fotografías y un informe elaborado por un ingeniero mecánico para respaldar su reclamo.

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Qué reclamó y por qué el municipio rechazó la demanda

Dos años después, el hombre inició una demanda contra la Municipalidad de Viedma. Sostuvo que el municipio había incumplido su obligación de cuidar y conservar el colectivo mientras permaneció secuestrado, y que las condiciones del lugar de depósito habían facilitado los daños y la sustracción de piezas.

El reclamo incluyó el costo de las reparaciones, una compensación por el tiempo en que no pudo utilizar el vehículo, los gastos de las constataciones y una indemnización por daño extrapatrimonial.

La Municipalidad se opuso al pedido. Argumentó que el demandante había comprado el colectivo mucho después de su secuestro y que no había pruebas para establecer cuándo se produjeron los deterioros. También señaló que el acta de restitución no contenía observaciones sobre el estado del vehículo.

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La Justicia distinguió dos períodos

Al analizar el expediente, el fuero Contencioso Administrativo de Viedma separó el tiempo durante el cual el colectivo estuvo secuestrado antes de la compra y los 26 días transcurridos entre la adquisición y la restitución formal.

Sobre el primer período, desde noviembre de 2018 hasta el 1 de julio de 2020, la sentencia consideró que el comprador no podía reclamar por daños ocurridos antes de convertirse en propietario. No acreditó que tuviera derechos sobre el vehículo durante ese tiempo ni que el anterior dueño le hubiera cedido un eventual derecho a reclamar.

En cuanto al segundo período, el juzgado reconoció que el hombre ya era propietario y que el colectivo continuaba bajo custodia municipal. Sin embargo, entendió que las pruebas no permitían establecer que los faltantes y roturas se hubieran producido específicamente durante esos 26 días.

La resolución también tuvo en cuenta que el acta de restitución del 27 de julio no registró daños ni componentes faltantes. Si bien el comprador presentó una denuncia dos días después, la constatación notarial se realizó más de cuatro meses más tarde.

Para el tribunal, esos elementos permitían conocer el estado en el que se encontraba el colectivo, pero no determinar en qué momento se habían producido los deterioros.

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Otro punto considerado fue que el vehículo permaneció físicamente en el predio municipal después de la restitución formal. La sentencia sostuvo que la obligación de custodia del municipio había finalizado con la entrega del 27 de julio, aunque el comprador todavía no hubiera retirado el rodado del lugar.

Finalmente, el fallo reconoció que la Municipalidad tenía el deber de conservar los vehículos mientras permanecieran bajo su custodia, pero aclaró que esa obligación no implicaba una responsabilidad automática por cualquier daño. Para obtener una indemnización era necesario demostrar cuándo se habían producido los deterioros y su relación con una acción u omisión municipal.

Al no poder acreditar ese vínculo, la Justicia rechazó la demanda y el reclamo económico del comprador.

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