Malvinas y petróleo
Quirno: “Con Vaca Muerta, las petroleras tendrán que elegir dónde invertir”
El canciller Pablo Quirno afirmó que el desarrollo de Vaca Muerta le permite a la Argentina ejercer una mayor presión sobre las empresas petroleras vinculadas a proyectos de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Según explicó, las compañías deberán elegir entre operar bajo licencias consideradas ilegales en el archipiélago o invertir en Neuquén, dentro del marco legal argentino.
Durante un almuerzo de trabajo realizado en Iguazú, en el marco de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Quirno se refirió a los anuncios realizados por el presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas y las medidas destinadas a desalentar la explotación unilateral de recursos naturales en las islas.
El funcionario destacó que cuando se sancionó la Ley 26.659, entre 2011 y 2013, Vaca Muerta todavía no tenía el desarrollo actual. La normativa establecía sanciones para empresas que participaran en actividades hidrocarburíferas en Malvinas, principalmente mediante restricciones para operar en la Argentina.
“Hoy, lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo”, sostuvo Quirno, al plantear que las empresas tendrán que optar entre invertir “en un terreno disputado con licencias ilegales” o hacerlo en Argentina, donde destacó la seguridad jurídica y el potencial de negocios que ofrece Vaca Muerta.
El canciller explicó además que el Gobierno avanzará en tres líneas de acción. La primera contempla un decreto reglamentario para acelerar las sanciones contra compañías vinculadas con la explotación petrolera en las islas, incluyendo empresas de servicios petroleros, financieros y de seguros. Según indicó, unas 180 compañías ya fueron notificadas.
La segunda medida apunta al financiamiento de la Base Naval Integrada proyectada en Ushuaia, con el objetivo de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida.
Finalmente, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659 y ampliar el alcance de las sanciones. La intención, explicó Quirno, es generar un esquema que permita que las empresas tengan incentivos para abandonar operaciones consideradas ilegales y orienten sus inversiones hacia el territorio continental.
En ese marco, también anticipó que quienes aspiren a acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán presentar una declaración jurada que acredite que no están incumpliendo la legislación vinculada con la explotación de recursos en Malvinas.
Quirno definió la estrategia como una acción coordinada en los planos diplomático, legal, económico y financiero, y destacó que el Gobierno busca involucrar al sector privado y a las cámaras empresariales en la política de defensa de los recursos argentinos en el Atlántico Sur.