Investigan certificados médicos falsos de empleados públicos y la causa cambia de sede judicial
La investigación por el presunto uso de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales de agentes públicos continuará en las circunscripciones judiciales de General Roca y Cipolletti. Un juez de Garantías de Viedma resolvió remitir las actuaciones a esas jurisdicciones para facilitar la producción de pruebas y garantizar el derecho de defensa de las personas investigadas.
La causa busca determinar si agentes policiales, penitenciarios y docentes presentaron documentación médica presuntamente falsa para justificar ausencias en sus puestos de trabajo y cobrar sus salarios sin los descuentos correspondientes. La acusación considera que los hechos podrían encuadrarse en los delitos de fraude a la administración pública y uso de documento falso.
La investigación incluyó allanamientos en General Roca, secuestro de teléfonos celulares y computadoras, análisis de conversaciones y peritajes sobre documentación relacionada con licencias médicas. También se incorporaron informes de organismos públicos y estudios de áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal.
Por qué la causa dejará de tramitar en Viedma
Durante las audiencias, las defensas solicitaron que el expediente continuara en General Roca y Cipolletti. Argumentaron que los certificados cuestionados habrían sido presentados en esas localidades y que allí residen gran parte de las personas investigadas.
También señalaron que la distancia con Viedma complicaba las entrevistas entre abogados e imputados, la preparación de las estrategias defensivas y la posibilidad de producir pruebas.
El Ministerio Público Fiscal y la querella, representada por la Fiscalía de Estado, se opusieron al traslado. Sostuvieron que el presunto perjuicio económico afectó a la administración provincial, cuya sede está en Viedma, y que buena parte de la investigación ya se había desarrollado desde esa ciudad. Además, advirtieron que un cambio de jurisdicción podía generar demoras y dificultades organizativas.
El juez de Garantías Adrián Dvorzak analizó los argumentos y aclaró que los magistrados penales de Río Negro tienen competencia en todo el territorio provincial. Por ese motivo, rechazó formalmente el planteo de incompetencia territorial presentado por las defensas.
Sin embargo, consideró que existían razones para que el proceso continuara en las circunscripciones donde se habrían producido los hechos. Entre otros aspectos, tuvo en cuenta que allí se presentaron los certificados médicos, se realizaron medidas de investigación y se encuentran gran parte de los imputados, sus abogados y las posibles fuentes de prueba.
Qué pasará con las pruebas y los elementos secuestrados
Uno de los puntos centrales de la resolución fue la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa. El magistrado señaló que la comunicación virtual no siempre reemplaza las entrevistas personales ni resulta suficiente para preparar una estrategia judicial y desarrollar determinadas medidas probatorias.
La decisión también aclaró que el traslado no implica comenzar nuevamente la investigación. Las pruebas reunidas y las actuaciones realizadas conservarán su validez y podrán ser utilizadas por las autoridades judiciales que continúen con el expediente.
Además, los teléfonos, computadoras y demás elementos secuestrados durante los allanamientos quedarán a disposición de los nuevos magistrados, bajo las reglas de preservación y cadena de custodia.
La remisión de las actuaciones a los foros de jueces de General Roca y Cipolletti se concretará una vez que la resolución quede firme.
El cambio de sede no implica una definición sobre la responsabilidad penal de los investigados ni confirma que los certificados sean falsos. La causa continuará para determinar si existieron las maniobras denunciadas y establecer la eventual participación de cada una de las personas involucradas.