La Defensoría del Pueblo pidió que se suspenda la licitación y adjudicación de las obras del brazo Todero del río Limay

Neuquén.- El defensor del pueblo Ricardo Riva hizo una presentación judicial mediante la que solicitó, como medida precautoria, la suspensión de los trámites administrativos de licitación y/o contratación de las obras sobre el brazo Todero del río Limay hasta tanto se cumpla con la presentación del estudio de impacto ambiental y se informe detalladamente a la ciudadanía los impactos de la obra y de la urbanización del sector. Lo hizo en el marco de la acción de amparo iniciada por la Defensoría del Pueblo contra la Municipalidad de Neuquén y Recursos Hídricos que se tramita en el Expediente 100610/2021.
La intervención del defensor Ricardo Riva se funda en la información periodística del 3 de julio mediante la que se anunció la adjudicación a la empresa Arco de las obras de apertura del brazo Todero, del río Limay. Entre sus argumentos, Riva manifestó que se trata de la misma empresa a la que se le ordenó en abril de 2022 el cese inmediato de las acciones de desmonte y taponamiento del brazo en el sector; y las acciones de reconstitución del ecosistema dañado. Resaltó que no consta que se haya dado cumplimiento a la cautelar ordenada oportunamente.
Paralelamente, señaló que no se ha materializado aún con exactitud la mensura de los desarrollos urbanísticos en predios linderos al brazo Todero, de modo de determinar los límites que separan tales lotes del espacio hídrico.
Riva hizo hincapié en la seguridad que sebe garantizarse a quienes habitan la zona, de modo de evitar una urbanización desplanificadas y descontrolada sobre el valle inundable de la ciudad. En ese sentido, resaltó la importancia de las obras de canalización en el marco de políticas públicas sociales y ambientales que prioricen los servicios ecosistémicos. Manifestó también que la obra, cuya adjudicación recién se toma público conocimiento, no fue informada en los procesos judiciales en trámite. El primero de ellos data del año 2016, en el que la Defensoría del Pueblo demandó la apertura de la obra del brazo Todero por las cuestiones de seguridad, para mitigar los efectos de las inundaciones de los barrios cerrados construidos dentro de la Isla.
En ese marco, Riva solicitó que se disponga cautelarmente la suspensión y paralización de todo trámite administrativo de licitación y/o contratación de la obra en cuestión hasta tanto las demandadas presenten el estudio de impacto ambiental garantizando una instancia de participación ciudadana. De igual modo, pidió que se informe con certeza a la ciudadanía sobre los impactos de la obra y de la urbanización del sector, especificando las consecuencias de los rellenos de los humedales.
Paralelamente, pidió que el municipio se pronuncie respecto de la autorización de los loteos proyectados en el sector dentro de los lotes ribereños del arroyo, la que ha sido pública a pesar de las irregularidades denunciadas en las causas judiciales.
Por último, el defensor del pueblo solicitó que se intime a adjuntar al expediente judicial todo trámite vinculado a la contratación de la obra anunciada y se realice una inspección ocular en el sector.