Reclamo judicial en Rionegrina
Río Negro demandó al Estado Nacional por el abandono de la Ruta 151
El Gobierno de Río Negro, junto con la Defensoría del Pueblo, intendentes de cinco municipios y cámaras empresariales, presentó una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el grave deterioro de la Ruta Nacional 151, en el tramo que conecta Cipolletti con el límite con La Pampa.
La denuncia judicial, ya aceptada por el Juzgado Federal de General Roca, busca proteger los derechos a la vida, la salud y la seguridad de las miles de personas que circulan a diario por esta ruta estratégica del norte rionegrino.
Se exige que se declare la responsabilidad del Estado Nacional y que se ordene la reparación integral de los 150 kilómetros afectados.
Además, se solicitó una medida cautelar urgente que obligue a implementar señalización, bacheo provisorio y campañas preventivas, mientras se diseña un plan técnico y presupuestario con cronograma de ejecución e informes periódicos.
Ruta clave para salud, educación y producción
Entre los fundamentos del amparo se destaca que la Ruta 151 obstaculiza el funcionamiento de servicios esenciales, como:
Más de 576 traslados sanitarios realizados en 2025.
El acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes a 70 escuelas de la región.
Impactos negativos en la fruticultura, el turismo, la minería y la industria hidrocarburífera, que produce el 72% del petróleo y el 42% del gas del país.
La presentación también denuncia la desnaturalización del sistema de financiamiento vial, señalando que fondos específicos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles —destinados al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte— han sido desviados, dejando a rutas como la 151 en estado crítico.
Posible precedente para otras provincias
El documento legal invoca artículos de la Constitución Nacional, tratados internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449).
La medida fue firmada por el gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan, la defensora del Pueblo Adriana Santagati, y los intendentes de Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero. También adhirieron representantes de cámaras empresariales del sector comercial, petrolero e industrial.
Esta acción judicial podría convertirse en un antecedente clave para que otras provincias exijan en la Justicia la realización de obras públicas urgentes cuando el Estado nacional incurre en omisiones estructurales que ponen en riesgo a sus habitantes.
