El Gobierno Nacional reestructura siete organismos públicos para reducir el gasto y mejorar la eficiencia

El Gobierno Nacional avanza con una profunda reestructuración de organismos públicos considerados “sobredimensionados e ineficientes”, con el objetivo de optimizar el uso de recursos y mejorar el desempeño del Estado.

El decreto correspondiente se publicará en las próximas horas, pero ya se confirmó que siete instituciones serán reconfiguradas o disueltas, entre ellas el INTI, INTA, INV, INPI y ARICCAME.

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Los organismos afectados son:

INTI: pasará a depender de la Secretaría de Industria y Comercio, con el foco en metrología, innovación y calidad industrial. Tenía más de 2.300 empleados y una estructura de seis niveles jerárquicos.

INTA: continuará funcionando, pero bajo un nuevo esquema como organismo desconcentrado. Se concentrará en investigación y tecnología, dejando de lado la agricultura familiar y el extensionismo. Posee más de 6.000 empleados.

ARICCAME: será disuelto. Las competencias regulatorias se dividirán entre la ANMAT, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria, según destino y riesgo sanitario.

INAFCI: también se disuelve. Se cuestionó su funcionamiento como “caja política” con más de 900 contratados en sus inicios y un presupuesto orientado mayoritariamente a salarios.

INASE: dejará de ser descentralizado. Sus tareas regulatorias pasarán a la Secretaría de Agricultura, buscando mayor eficiencia y coordinación con otras áreas del sector agropecuario.

INV: continuará con su rol certificador para el comercio exterior del vino, pero bajo la órbita directa del Ministerio de Economía. La certificación internacional será voluntaria.

INPI: se transforma en un ente desconcentrado. Seguirá gestionando la propiedad industrial sin personería jurídica ni patrimonio propio, pero manteniendo autonomía técnica. 

“La medida apunta a eliminar duplicidades, reducir burocracia y cuidar el dinero de los contribuyentes”, explicaron desde el Gobierno. Además, remarcaron que estas decisiones buscan adecuar el Estado a los desafíos actuales, sin comprometer funciones estratégicas ni derechos adquiridos.

Con esta reestructuración, se busca avanzar hacia un Estado más ágil, técnico, transparente y menos politizado, alineado con los objetivos fiscales del gobierno de Javier Milei.