Filtraciones en el caso YPF: el Gobierno echó a 60 empleados de la Procuración del Tesoro
En medio de sospechas por filtraciones de información confidencial en el juicio internacional por la expropiación de YPF, el Gobierno nacional despidió a 60 empleados de la Procuración del Tesoro de la Nación y avanzó con una reestructuración profunda del organismo. Las medidas incluyen la disolución de áreas técnicas clave y el cierre de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Según fuentes oficiales, la decisión responde a una posible “venta de información sensible” a la parte demandante en el caso que enfrenta la Argentina en los tribunales de los Estados Unidos. “Es un delito grave, porque representa un perjuicio directo al Estado”, remarcaron desde la Casa Rosada.
El organismo, dirigido por Santiago Castro Videla, redujo sus direcciones nacionales de seis a cuatro y anunció la reorganización interna bajo el argumento de “eficiencia operativa”, alineada con los criterios de ajuste fiscal y modernización promovidos por la Ley de Bases para la Libertad de los Argentinos.
“Se reformarán áreas administrativas y Castro Videla continuará en su cargo”, detallaron voceros oficiales a medios nacionales.
La Procuración del Tesoro, dependiente del Ministerio de Justicia, contaba con 242 empleados y un presupuesto anual de $8.662 millones. Tenía bajo su órbita las Direcciones Nacionales de Asuntos Judiciales, Dictámenes, Sumarios e Investigaciones Administrativas, Auditoría, Asuntos y Controversias Internacionales, y la ya eliminada Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado.
Aunque el comunicado oficial del Gobierno justifica la reestructuración por razones de administración eficiente y reducción del gasto, en off the record se confirmó que el foco está puesto en posibles actos de traición interna durante uno de los litigios más costosos de la historia reciente del país.
