Educación y Salud
Promulgaron las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, pero postergan su aplicación
El Gobierno nacional promulgó este lunes dos leyes clave para la educación y la salud, aunque su aplicación quedó postergada por motivos presupuestarios.
Se trata de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795) y de la Ley de Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica y Residencias Nacionales en Salud (27.796).
Ambas normas fueron publicadas en el Boletín Oficial, pero el decreto de promulgación establece que su ejecución dependerá de la disponibilidad de recursos y de la inclusión de partidas específicas en el presupuesto nacional, tal como exige el artículo 5° de la Ley 24.629.
Financiamiento universitario: qué establece la ley
La Ley 27.795 busca garantizar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre los principales puntos se destacan:
Actualización automática de los presupuestos universitarios según la inflación (IPC del INDEC).
Recomposición salarial de docentes y no docentes, con carácter remunerativo y bonificable.
Convocatoria obligatoria a paritarias nacionales, con aumentos mensuales no inferiores a la inflación.
Fortalecimiento de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la implementación de estas medidas quedará suspendida hasta que el Congreso determine cómo se financiarán los gastos adicionales.
Emergencia pediátrica: ley vigente, pero sin fondos
La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en pediatría y residencias médicas por un año. Sus objetivos son:
Garantizar el acceso equitativo a servicios de salud pediátrica, incluso de alta complejidad.
Asegurar condiciones laborales y salariales dignas para residentes y profesionales de la salud.
Priorizar recursos para áreas críticas como neonatología, oncología infantil, trasplantes y cirugía cardíaca pediátrica.
No obstante, mediante el Decreto 760/2025, el Gobierno postergó su ejecución hasta que se aprueben las partidas necesarias, debido a las limitaciones financieras actuales del Ministerio de Salud.
Qué implica la postergación
Las leyes están promulgadas y vigentes, pero no se aplicarán hasta que haya presupuesto asignado.
No se actualizarán salarios, ni se activarán programas, ni se girarán fondos a universidades o hospitales pediátricos.
El Gobierno busca evitar comprometer recursos sin respaldo financiero y afectar otros programas esenciales.
En la práctica, tanto el sistema universitario como los servicios de salud pediátrica deberán esperar la definición presupuestaria del Congreso para comenzar a recibir los beneficios que establecen estas leyes.
