Confirman las condenas a Cositorto y a los líderes de Generación Zoe por estafas y asociación ilícita
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó por unanimidad las condenas contra los principales responsables de Generación Zoe, al rechazar los recursos presentados por las defensas. De este modo, quedaron firmes las penas de 12 años de prisión para Leonardo Cositorto y de 8 años para Maximiliano Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Camelino, por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas.
El máximo tribunal provincial avaló la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio de Goya y dispuso que los condenados continúen bajo prisión preventiva, al considerar la gravedad de los hechos, la magnitud del daño causado y el riesgo procesal existente.
Según el fallo, quedó plenamente acreditada la existencia de una organización criminal que operó bajo la fachada de Zoe Empowerment S.A., mediante la cual se captaron ahorros de decenas de personas con promesas de rendimientos extraordinarios del 7,5% mensual en dólares. El esquema, de tipo piramidal, incluía supuestos “robots” de inversión y generó un perjuicio económico superior a los 396 mil dólares, afectando a cerca de un centenar de ahorristas en la ciudad de Goya.
En su resolución, los jueces desestimaron los planteos de nulidad y remarcaron que los argumentos defensivos “constituyen una mera reedición de controversias ya resueltas con rigor y solidez”. Además, subrayaron que las maniobras tuvieron una afectación social de gran escala, con un fraude premeditado que impactó especialmente en adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad económica.
El tribunal también destacó que la estructura delictiva se apoyó en ingeniería psicológica, exhibición de lujos y discursos motivacionales, generando en las víctimas una falsa sensación de solvencia y legitimidad.
En cuanto a los hermanos Javier y Nicolás Medina, el Superior Tribunal decidió mantener sus absoluciones, al considerar que no se probó su conocimiento del pacto criminal ni su capacidad de decisión dentro de la organización, pese a los reclamos de la fiscalía y la querella.
Con esta decisión, firmada por los cinco ministros del Superior Tribunal de Justicia, se agotan las instancias ordinarias de revisión en el ámbito provincial y queda firme la condena contra los principales cabecillas de uno de los fraudes financieros más resonantes de los últimos años en el país.
