Imputan a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y piden medidas de prueba
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y solicitó una batería de medidas de prueba para analizar su evolución patrimonial.
El requerimiento se basa en una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, en la que se señala que el funcionario habría experimentado un incremento patrimonial “desproporcionado” en relación con sus ingresos declarados.
Los puntos bajo investigación
Según el planteo fiscal, existen indicios que justifican profundizar la pesquisa, entre ellos:
- Un supuesto incremento del patrimonio cercano al 500% en un período fiscal
- Posibles discrepancias en declaraciones juradas
- Presunta omisión de activos financieros y depósitos en el exterior
- Incorporación de fondos justificados como préstamos familiares
Además, se investiga la posible existencia de un inmueble no declarado en un country de la provincia de Buenos Aires.
La propiedad en la mira
La denuncia menciona una vivienda en el Country Indio Cuá Golf Club, ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, que no habría sido incluida en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.
De acuerdo a la presentación, el valor de las propiedades en ese predio ronda entre los 129.000 y 249.000 dólares, lo que refuerza las sospechas sobre una posible inconsistencia patrimonial.
Las medidas solicitadas
El fiscal pidió 12 medidas de prueba para avanzar en la investigación, entre ellas:
- Informes a registros de la propiedad en Provincia y Ciudad de Buenos Aires
- Requerimientos a la Oficina Anticorrupción y a la ANSES
- Datos sobre bienes, vehículos y posibles sociedades
- Información migratoria y movimientos financieros
- Detalles sobre los supuestos préstamos familiares
También solicitó información a la administración del country para determinar quién abona las expensas y si se gestionaron permisos de construcción.
Intervención judicial
La causa quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá definir si da curso a las medidas solicitadas o delega la investigación en el fiscal.
El objetivo de la pesquisa es determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su patrimonio, o si hay inconsistencias que puedan configurar un delito.
