Neuquén terminó con la impunidad de los ñoquis y los indisciplinados

La llegada de Rolando Figueroa al gobierno de Neuquén marcó un cambio profundo en la relación entre el Estado y sus empleados. El mensaje fue claro desde el primer día: tolerancia cero con los ñoquis, los incumplidores y los indisciplinados.

Y esa definición política, que durante años reclamó gran parte de la sociedad neuquina cansada de privilegios e impunidad, hoy se traduce en hechos concretos.

La purga dentro de la administración pública avanza sin pausas y deja en evidencia que ya no hay margen para quienes creen que pueden cobrar un sueldo estatal sin trabajar o desobedeciendo las normas básicas.
La lista de cesantías crece y confirma que el gobierno decidió ir a fondo.

El caso más reciente y llamativo ocurrió en el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), donde fue despedido Federico Alejandro Vidal Lagos, quien trabajaba en el depósito regional sur.

La sanción fue consecuencia de reiteradas conductas temerarias y de un abierto desprecio por las normas de higiene y seguridad laboral. Primero lo encontraron durmiendo sobre carreteles de cables, a tres metros de altura y sin los elementos de protección.

Después, volvió a incumplir las medidas de seguridad al desplazarse sin los borcegos reglamentarios en un sector de riesgo.

El propio expediente sostiene que sus actos pusieron en peligro no sólo su integridad física, sino también la de sus compañeros.
El mensaje político y administrativo es contundente: en Neuquén se terminó la impunidad. El que las hace las paga y el que no cumple con sus obligaciones se va; en realidad, lo echan. Durante demasiados años se naturalizó que existieran empleados que faltaban, incumplían o directamente abandonaban sus responsabilidades sin sufrir consecuencias reales.

Esa vieja cultura de tolerancia y acomodo erosionó la confianza social en el Estado y generó malestar entre quienes sí trabajan y cumplen con sus obligaciones.

Pero Figueroa dijo basta y cortó de raíz todo aquello.La misma línea quedó reflejada en las otras dos cesantías conocidas esta semana. Una de ellas recayó sobre Mirta Marcela Andrés, empleada de planta permanente de la subsecretaría de Trabajo.

Resulta difícil encontrar una contradicción más evidente: una agente del ministerio encargado de velar por el cumplimiento laboral terminó expulsada por abandono de cargo.

Las auditorías comprobaron faltas injustificadas durante extensos períodos de 2024 y el sumario administrativo concluyó que incumplió de manera grave los deberes previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo.
La tercera cesantía fue aplicada a Jennifer Belén Auad, enfermera del Hospital Castro Rendón, el principal centro de salud pública de la provincia. En este caso, las ausencias injustificadas se extendieron durante varias semanas y, según el expediente oficial, jamás presentó certificados médicos que avalaran esas inasistencias.

La gravedad adquiere otra dimensión porque no se trataba de cualquier función, sino de un área esencial como la salud pública, donde cada ausencia repercute directamente en la atención de los pacientes y en la sobrecarga de sus compañeros. El Estado concluyó que hubo abandono de cargo y avanzó con la expulsión.

La decisión del gobierno de Figueroa va mucho más allá del simple cuidado de los recursos públicos, aunque naturalmente también apunta a evitar que se malgaste el dinero de los neuquinos.

Hay además una cuestión ética de fondo: no es justo que el Estado mantenga vagos o personas que incumplen sistemáticamente sus responsabilidades mientras miles de trabajadores cumplen todos los días con esfuerzo y compromiso.

Aquella vieja lógica de privilegios y protección corporativa era una de las grandes deudas de la política neuquina. La tolerancia cero que impuso Figueroa vino justamente a ponerle fin a esa práctica.