CAME advierte impacto en Patagonia por cambios en el régimen de Zona Fría
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su preocupación por las modificaciones impulsadas al Régimen de Zona Fría, un esquema clave para la Patagonia. El planteo fue realizado a través de su Bloque Patagónico, con fuerte impacto político y económico en la región.
Según la entidad, los cambios podrían afectar directamente el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las pymes en provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego.
Qué plantea CAME sobre la Zona Fría
La entidad empresaria señaló que la Patagonia tiene condiciones climáticas extremas que justifican un régimen diferencial en energía.
En ese sentido, remarcaron que las bajas temperaturas se extienden durante gran parte del año y que el consumo de gas es esencial para hogares, comercios e industrias.
Para CAME, el sistema actual funciona como un mecanismo compensatorio frente a las asimetrías estructurales entre regiones del país.
Cómo impactaría la reforma en tarifas y consumo
De acuerdo con el comunicado, la modificación del régimen implicaría trasladar mayores costos al usuario final.
Esto se daría por la inclusión de gastos de transporte, distribución e impuestos en la tarifa final, lo que podría generar incrementos significativos en las facturas.
La entidad advirtió que este escenario tendría impacto inmediato en el consumo interno y en la actividad económica regional.
Advertencia sobre las pymes patagónicas
CAME también puso el foco en el sector productivo.
Sostuvo que las pequeñas y medianas empresas ya enfrentan caída de ventas, suba de costos y dificultades financieras.
En ese contexto, un aumento adicional en los costos energéticos profundizaría la desaceleración económica y pondría en riesgo puestos de trabajo en toda la región.
Reclamo de diálogo federal
El Bloque Patagónico de CAME pidió abrir una instancia de diálogo institucional antes de avanzar con la reforma.
Las entidades que integran el bloque remarcaron que cualquier modificación debe contemplar las particularidades de la región y sus condiciones climáticas y productivas.
También insistieron en que el objetivo no es un privilegio, sino el reconocimiento de desigualdades estructurales.
