A cuatro años del ataque a la Municipalidad de San Martín de los Andes

Hace cuatro años, una protesta gremial frente a la Municipalidad de San Martín de los Andes terminó con enfrentamientos, destrozos y disparos. Una trabajadora municipal recibió un impacto de bala y dos reporteros gráficos fueron blanco de disparos durante la cobertura de los incidentes. Por esos hechos, Pedro Darío Jofré Luján fue condenado a ocho años de prisión y actualmente cumple la pena bajo el régimen de libertad condicional.

El episodio ocurrió el 29 de julio de 2022, durante una disputa entre sectores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Según la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal, los enfrentamientos se produjeron en las inmediaciones del edificio municipal, donde se registraron daños en vidrios, mobiliario y equipamiento. En la misma manifestación se produjeron las lesiones y los disparos que dieron origen a otra investigación penal.

Una protesta que terminó a los tiros

De acuerdo con la acusación fiscal, Jofré extrajo un revólver durante los incidentes y efectuó disparos contra distintas personas. Una mujer recibió un impacto en la cadera, mientras que dos reporteros gráficos que registraban la protesta fueron apuntados y también recibieron disparos que no llegaron a impactarlos. Luego, Jofré escapó del lugar y arrojó el arma durante la huida.

La investigación judicial avanzó en paralelo sobre otros episodios ocurridos durante la protesta. En septiembre de 2022, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra tres integrantes de ATE por los daños provocados en el edificio municipal. En esa misma causa se consignó que otros ocho integrantes del gremio, pertenecientes a otra facción, habían sido imputados por las lesiones sufridas por tres personas.

El caso de los disparos tuvo un recorrido judicial diferente. Jofré permaneció detenido con prisión preventiva y en 2023 reconoció su responsabilidad mediante un acuerdo entre la Fiscalía, las querellas y la defensa.

Una condena de ocho años

El 8 de agosto de 2023, un tribunal integrado por Leticia Lorenzo, Cristian Piana y Maximiliano Bagnat homologó el acuerdo y condenó a Jofré a ocho años de prisión efectiva. La pena correspondió a tres hechos de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, además de portación de arma de uso civil y encubrimiento.

Entre los hechos considerados en la sentencia estuvieron el disparo que hirió a la trabajadora municipal Elena Cabeza y los ataques contra los fotógrafos Federico Soto y Patricio Rodríguez, quienes cubrían la protesta. La condena comenzó a cumplirse en 2023.

La ejecución de la pena tuvo posteriormente distintas etapas. En 2025, la jueza de Ejecución Penal Raquel Gass autorizó a Jofré a realizar salidas transitorias de 12 horas cada dos meses, bajo condiciones específicas y con prohibición de contacto con las víctimas y sus familiares. La medida se tomó luego de evaluar informes sobre su conducta durante el período de detención.

En abril de 2026, Gass resolvió incorporarlo al régimen de libertad condicional. La decisión se adoptó después de que cumpliera el requisito temporal correspondiente y atravesara las distintas etapas del régimen progresivo de ejecución de la pena.

La libertad condicional no eliminó las restricciones vinculadas con las víctimas. Según las publicaciones que informaron la resolución, Jofré tampoco puede ingresar a San Martín de los Andes durante el período restante de la condena.

Cuatro años después de los hechos, la Municipalidad volvió a referirse públicamente a aquella jornada y planteó la necesidad de evitar que los conflictos deriven en hechos de violencia. El caso judicial, en tanto, ya pasó de la investigación inicial a una condena y actualmente se encuentra en etapa de ejecución bajo libertad condicional.

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