Malvinas: qué cambia con el nuevo proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional

El Gobierno de Javier Milei envió este jueves 17 de septiembre al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que toma como eje el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas pero que también propone cambios más amplios en materia de seguridad, defensa, inteligencia e infraestructura crítica. El texto ingresó a la Cámara de Diputados y ahora deberá comenzar su tratamiento parlamentario.

La iniciativa había sido anunciada por Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre, en medio de la reacción del Ejecutivo frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur. El Gobierno sostiene que busca reforzar las herramientas estatales para defender la soberanía y coordinar las áreas de Defensa, Cancillería, Economía e Inteligencia.

El proyecto propone reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011 y concentrado principalmente en las actividades hidrocarburíferas, por un esquema más amplio que alcanzaría también a otras formas de explotación de recursos naturales. Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser aprobada por el Congreso.

Más sanciones para quienes exploten recursos en Malvinas

Uno de los principales capítulos está dedicado a las actividades económicas que el Gobierno considera no autorizadas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos correspondientes.

El nuevo régimen alcanzaría no solo a las empresas que realicen directamente la explotación, sino también a accionistas, participantes, controlantes y proveedores, además de quienes intervengan en operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría consideradas indispensables para esos proyectos.

El proyecto contempla multas calculadas en una cantidad determinada de barriles de petróleo, inhabilitaciones y la posibilidad de impedir que los sancionados desarrollen determinadas actividades económicas o celebren contratos en la Argentina. También prevé la revocación de permisos, concesiones y beneficios fiscales en determinados casos.

La propuesta incorpora además nuevas figuras penales. Según el texto analizado, las penas podrían llegar hasta 20 años de prisión para determinadas actividades vinculadas con la exploración y explotación no autorizada de recursos naturales no renovables. El esquema incluye sanciones diferenciadas para quienes realicen tareas de exploración, explotación, transporte, almacenamiento o presten servicios indispensables para esas operaciones.

El Gobierno presentó estas modificaciones como una forma de aumentar el costo económico y jurídico de las actividades que considera ilegítimas en el área de las islas y sus espacios marítimos.

Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional

El proyecto no se limita a Malvinas. También crea un Sistema de Seguridad Nacional, cuyo órgano rector será un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente.

El organismo estará integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica. El Presidente podrá convocar a otros funcionarios o especialistas según los temas que se analicen.

La función del Consejo será establecer una política de Seguridad Nacional y coordinar distintas áreas del Estado. El diseño incluye aspectos diplomáticos, económicos, militares, jurídicos, de inteligencia y ciberseguridad, además de la protección de infraestructuras consideradas estratégicas.

El Ejecutivo sostiene que el objetivo es evitar que cada organismo actúe de manera aislada frente a amenazas externas y establecer una estrategia común.

El proyecto también contempla herramientas económicas frente a situaciones que sean consideradas una amenaza grave e inminente para la Seguridad Nacional. Entre las facultades previstas aparecen restricciones sobre determinadas operaciones financieras y comerciales, además de medidas sobre permisos, contrataciones y activos bajo jurisdicción argentina.

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Cambios en Defensa, infraestructura y protección aeroespacial

Otro de los capítulos modifica la Ley de Defensa Nacional 23.554 y amplía la definición de las amenazas externas que deben ser contempladas por el Estado.

El texto incorpora riesgos y amenazas provenientes tanto de actores estatales como no estatales y establece que las Fuerzas Armadas deberán prepararse para operaciones convencionales y no convencionales, además de otras operaciones militares distintas de la guerra. También contempla su participación en la protección de determinadas infraestructuras críticas.

En paralelo, se crea un régimen nacional para proteger instalaciones, redes y sistemas públicos o privados considerados esenciales para el funcionamiento del Estado, los servicios básicos, la economía, la salud y la defensa.

El proyecto también incorpora reglas para la protección aeroespacial y marítima, entre ellas un procedimiento para actuar ante aeronaves consideradas irregulares u hostiles y normas específicas para la intervención frente a embarcaciones. En el caso del régimen de derribo, el uso de la fuerza aparece como último recurso y requiere una autorización política expresa en el escalón final previsto por el proyecto.

La iniciativa incluye, además, nuevas disposiciones vinculadas con la influencia extranjera, el financiamiento de actividades políticas y determinadas operaciones de inteligencia, así como cambios en el régimen relacionado con terrorismo y su financiamiento.

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Qué cambia respecto del anuncio original

Cuando Milei presentó la iniciativa el 3 de septiembre, el eje estaba puesto principalmente en endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con operaciones no autorizadas en Malvinas, ampliar esas restricciones a proveedores y reforzar la protección de la soberanía. También había anunciado la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y nuevos mecanismos para la protección aeroespacial, marítima e infraestructura crítica.

El texto que finalmente llegó al Congreso tiene un alcance mayor. Además del capítulo específico sobre Malvinas y recursos naturales, propone una nueva arquitectura de Seguridad Nacional y modifica distintos aspectos del sistema argentino de Defensa.

Por ahora, todas estas medidas forman parte de un proyecto de ley y no de un régimen vigente. El Congreso deberá analizar el texto, introducir eventualmente modificaciones y decidir si lo convierte en ley.