Condenaron a un hombre a 7 años y 8 meses por abusar de una adolescente de 13 años

Un hombre fue condenado a 7 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal cometidos contra una adolescente de 13 años durante un viaje familiar a San Martín de los Andes.

La pena fue impuesta por un tribunal colegiado integrado por el juez Eduardo Egea y las juezas Laura Barbé y Carolina González, luego de una audiencia de determinación de la pena realizada esta semana.

El acusado, identificado como J.M.C., ya había sido declarado responsable de los dos hechos en un nuevo juicio realizado durante 2026. La condena se produjo después de que un Tribunal de Impugnación ordenara repetir el juicio de responsabilidad por una cuestión vinculada con la intervención de una profesional que había actuado primero como defensora oficial y posteriormente como jueza.

Los abusos ocurrieron durante un viaje familiar

Los hechos investigados ocurrieron en febrero de 2021, durante una estadía familiar en San Martín de los Andes. Según se estableció en el proceso, el condenado aprovechó el contexto de convivencia, la relación de confianza con la víctima y la diferencia de edad para cometer los dos abusos.

La adolescente contó lo ocurrido en abril de 2024.

En el nuevo juicio de responsabilidad realizado este año, el tribunal volvió a declarar a J.M.C. autor penalmente responsable de los dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real.

Por qué la pena quedó fijada en 7 años y 8 meses

Durante la audiencia de determinación de la pena, la fiscal del caso, Inés Gerez, solicitó 7 años y 8 meses de prisión efectiva. La querella particular, representada por la abogada Melina Pozzer, adhirió al pedido.

La fiscal explicó que ese monto constituía el máximo que podía solicitar la acusación debido a las condiciones establecidas luego del reenvío dispuesto por el Tribunal de Impugnación y a la prohibición de agravar la situación del acusado.

Gerez consideró que la pena resultaba insuficiente frente a la gravedad de los hechos y el daño provocado en la víctima, pero señaló que ese era el límite procesal aplicable al caso.

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Entre las circunstancias agravantes se tuvieron en cuenta la existencia de dos hechos, la diferencia de edad entre la víctima y el condenado, la relación de confianza y la gravedad y persistencia del daño provocado.

La querella sumó como agravante que J.M.C. era agente de la Policía al momento de los hechos.

Como única circunstancia atenuante se consideró que no registraba antecedentes penales computables.

La Justicia confirmó la condena y ordenó su inscripción en un registro

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El tribunal hizo lugar al pedido de las partes acusadoras y fijó la pena en 7 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Los magistrados respaldaron las circunstancias agravantes planteadas durante la audiencia y, además, ordenaron la inscripción de J.M.C. en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

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El caso había tenido una primera sentencia en noviembre de 2025, cuando otro tribunal colegiado había declarado responsable al acusado y establecido la misma pena. Sin embargo, la defensa impugnó esa decisión y el Tribunal de Impugnación ordenó realizar nuevamente el juicio por la situación vinculada con la intervención de la profesional que había pasado de ejercer la defensa oficial a integrar posteriormente el órgano judicial.

Tras el nuevo juicio de responsabilidad realizado en 2026, el tribunal volvió a declarar responsable a J.M.C. y finalmente se llevó adelante la etapa correspondiente a la determinación de la pena, que concluyó con la condena de 7 años y 8 meses de prisión efectiva.Si querés, puedo hacer también una versión más fuerte para portada y Google Discover, manteniendo el tratamiento cuidadoso que requiere una noticia de este tipo.