Financiamiento universitario: el Gobierno apeló la intimación de la Justicia

El Gobierno nacional apeló la intimación judicial que le había otorgado cinco días para cumplir de manera integral con la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo sostiene que ya cumplió con las obligaciones establecidas por la Justicia y pidió que se deje sin efecto el apercibimiento de multas.

La presentación fue realizada ante el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. El magistrado había considerado que no existía un cumplimiento total de la medida y había advertido que podía aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por cada día de demora.

Ahora, el Gobierno pidió revocar esa intimación y, en caso de que el planteo sea rechazado, solicitó que se conceda la apelación con efecto suspensivo.

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Qué sostiene el Gobierno

En el escrito, el Ejecutivo argumentó que la cautelar ya fue cumplida y presentó documentación para respaldar su posición. Entre los elementos mencionados aparecen transferencias, resoluciones salariales, actas paritarias y documentación relacionada con las becas estudiantiles.

La discusión judicial está centrada principalmente en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan medidas vinculadas con los salarios de docentes y no docentes universitarios y con la actualización de programas de becas.

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El Gobierno también defendió las medidas salariales adoptadas desde diciembre de 2023 y sostuvo que los aumentos acumulados alcanzaron el 226,8%. Los gremios universitarios, en cambio, mantienen otra interpretación sobre la evolución de los salarios y reclaman una recomposición mayor.

Una cautelar que quedó firme

La medida cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo, por considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. De esta manera, la cautelar quedó firme mientras continúa el proceso principal.

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En septiembre, Cormick volvió a intervenir en el expediente luego de analizar la documentación presentada por el Gobierno. El juez concluyó que no había un cumplimiento total de lo ordenado y fijó un plazo de cinco días para completar la ejecución, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias.

La nueva presentación del Ejecutivo abre ahora otra instancia judicial. Cormick deberá resolver el planteo de revocatoria y, si lo rechaza, definir las condiciones de la apelación antes de una eventual intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El conflicto judicial se desarrolla en paralelo con las negociaciones por el Presupuesto 2027 y con el reclamo de los gremios universitarios, que anunciaron nuevas medidas de fuerza y una marcha federal para octubre.