Acusan a tres directivos de una cooperativa por 49 estafas con lotes en la meseta de Neuquén

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén presentó cargos contra tres directivos de la Cooperativa 127 Hectáreas La Sirena Limitada, a quienes acusó de cometer 49 hechos de estafa mediante la oferta de lotes en la zona de la meseta de la capital provincial.

La acusación fue expuesta este viernes por la fiscal Rocío Rivero durante una extensa audiencia realizada en la Ciudad Judicial. Según la teoría del caso, los integrantes de la conducción de la cooperativa habrían captado asociados bajo la promesa de acceder a terrenos para construir viviendas, pese a que la entidad no era propietaria de las tierras ni contaba con las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto.

La fiscal atribuyó los hechos a J.S., quien era presidente de la cooperativa; R.H., secretaria; y B.L., tesorera. El perjuicio económico estimado por el MPF alcanza los $4,5 millones, calculados a valores no actualizados y sin relación con los reclamos civiles que realizan las personas afectadas.

La acusación por el proyecto “Meseta”

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, la maniobra comenzó a desarrollarse en 2021, cuando J.S. y R.H. asumieron sus cargos y comenzaron a promocionar un proyecto conocido como “Meseta”, destinado a la construcción de viviendas.

La investigación sostiene que se ofrecían lotes de 200 metros cuadrados, con la promesa de que serían entregados en un plazo de 24 meses y contarían con servicios como electricidad, agua y calles enripiadas.

El problema, según la acusación, era que la cooperativa no tenía la titularidad de los terrenos y que el inmueble tampoco había sido incorporado al ejido urbano de la ciudad de Neuquén.

La fiscal explicó que para avanzar con la urbanización era necesaria la incorporación del inmueble al ejido mediante una ley provincial, algo que finalmente no sucedió.

A pesar de esa situación, según el MPF, se continuó con la captación de personas interesadas y con la celebración de contratos de cesión onerosa, además del cobro de cuotas sociales y pagos vinculados al supuesto loteo.

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Qué rol le atribuyen a cada acusado

Para J.S., la fiscalía pidió que se lo considere autor de estafa en concurso real por los hechos investigados.

En el caso de R.H. y B.L., la acusación les atribuyó responsabilidad como partícipes primarias.

Respecto de la tesorera, Rivero sostuvo que su intervención fue indispensable porque era quien recibía parte de los fondos aportados por los asociados y administraba el patrimonio de la cooperativa siguiendo, según la acusación, las directivas de los otros integrantes de la conducción.

La querella, que representa a las personas damnificadas, adhirió a la acusación presentada por la fiscalía.

Pidieron seis meses para investigar

Además de formular los cargos, el Ministerio Público Fiscal solicitó que la investigación sea declarada compleja y que se establezca un plazo de seis meses para avanzar con las medidas pendientes.

Entre ellas se encuentra el análisis de teléfonos celulares secuestrados y el pedido de información a la Justicia Civil, que también interviene en conflictos derivados del caso.

La fiscalía fundamentó el pedido en la cantidad de hechos y personas afectadas, además del volumen de medidas que todavía deben realizarse.

El juez todavía debe resolver

El juez de garantías Luciano Hermosilla escuchó los planteos de la fiscalía, la querella y las defensas y dispuso un cuarto intermedio.

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Al retomar la audiencia deberá resolver si acepta la formulación de cargos en los términos planteados por el MPF, además del pedido para declarar compleja la investigación y distintos planteos realizados por las defensas.

Entre ellos se encuentra una solicitud para restringir la difusión de información personal de dos de las personas acusadas y un pedido de asistencia jurisdiccional para convocar a testigos que cumplen o cumplieron funciones en el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante y otros organismos públicos.

Por otra parte, ante el pedido de la defensa para recuperar distintos elementos secuestrados durante la investigación, la fiscalía se comprometió a responder en un plazo de diez días sobre aquellos casos en los que sea posible acceder a la devolución.